Preocupan a la CIDH las amenazas a la prensa.
No lo dije yo, lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Duras críticas contra el Gobierno
WASHINGTON.- La Relatoría sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó ayer su "preocupación" por 24 incidentes registrados en la ciudad de Buenos Aires y en el interior del país durante los últimos tres meses, que en algunos casos involucran al Gobierno e, incluso, directamente al presidente Néstor Kirchner. Las amenazas a los periodistas de LA NACION y de Perfil, Joaquín Morales Solá y Jorge Fontevecchia, respectivamente, se destacan entre los casos argentinos del reporte trimestral de la Relatoría, al igual que el levantamiento del programa Desayuno , de Víctor Hugo Morales, en el canal oficial, Canal 7, junto a las denuncias por la metodología adoptada para el reparto de la publicidad oficial.
"La Argentina es una prioridad muy importante para esta Relatoría y vemos lo ocurrido en los últimos tres meses con preocupación", dijo a LA NACION el relator especial, el venezolano Ignacio Alvarez. "Observamos una consistente reiteración de problemas con respecto a la libertad de expresión en el país", dijo.
"Percibimos cierta intolerancia a la crítica y una situación en que los medios que son críticos al Gobierno les va mucho peor que a aquellos que son favorables o son neutros, en términos de publicidad oficial o de acceso a las fuentes, así como hemos recibido informes de suspensiones de programas que iban al aire", detalló.
El reporte trimestral, que abarca lo ocurrido en toda América latina desde julio último, registra incidentes ocurridos en once provincias argentinas -Santa Cruz, Entre Ríos, Salta, Santiago del Estero, Buenos Aires, Chubut, Tucumán, Chaco, Tierra del Fuego, Misiones, Río Negro- y en la ciudad de Buenos Aires. Las amenazas recibidas por Morales Solá y Fontevecchia se sumaron a las recibidas por otros periodistas que cubren la desaparición del testigo Julio López o actos públicos presuntamente irregulares en el interior del país.
La Relatoría Especial preparará para fines de año un informe anual que trazará un balance que buceará en las tendencias locales, abarcando todos los hechos denunciados referidos a posibles restricciones a la libertad de expresión, como el de Alejandro Rúa, el ex titular de la Unidad de Investigación AMIA. Rúa fue separado de su cargo por haber expresado en LA NACION ciertas diferencias con el ministro de Justicia, Alberto Iribarne. Tras la denuncia, la CIDH le envió una carta al Gobierno. "Pero no hemos recibido una respuesta, ni positiva ni negativa", precisó Alvarez, que evitó avanzar.
Por otra parte, el informe cita hechos protagonizados por Kirchner y su esposa, Cristina Fernández. "El 7 de julio, el presidente de la Argentina hizo señalamientos sobre algunos medios, después de que la primera dama y senadora generara controversia con comentarios sobre la prensa esa misma semana." El reporte general de la CIDH sobre América latina destacó, por su parte, "un aumento en la violencia física contra periodistas, que en su forma más brutal se manifestó en al menos siete homicidios y una desaparición aparentemente relacionados con el ejercicio del periodismo", lo que se combinó con la "lentitud en las investigaciones". La Argentina no registró hechos de tal gravedad, pero sí otros comunes con otros países, comentó Alvarez.
"Observamos una serie de restricciones indirectas, provenientes de una creciente tendencia de intolerancia hacia la crítica", comentó, que abarcan "la utilización recurrente de métodos más sutiles de cohesionar a la prensa, que en el fondo constituyen un uso ilegítimo y desviado del poder público". "Como ejemplos -enumeró-, podemos mencionar la aplicación de políticas discriminatorias en la asignación de publicidad oficial, la discriminación en el acceso a las fuentes oficiales, la confrontación verbal y descalificatoria con respecto a la labor misma de la prensa, los despidos de medios estatales e incluso de medios privados como resultado de presión gubernamental e inspecciones administrativas", señaló.
Por Hugo Alconada Mon
Corresponsal en los EE.UU.
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/848996
No lo dije yo, lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Duras críticas contra el Gobierno
WASHINGTON.- La Relatoría sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó ayer su "preocupación" por 24 incidentes registrados en la ciudad de Buenos Aires y en el interior del país durante los últimos tres meses, que en algunos casos involucran al Gobierno e, incluso, directamente al presidente Néstor Kirchner. Las amenazas a los periodistas de LA NACION y de Perfil, Joaquín Morales Solá y Jorge Fontevecchia, respectivamente, se destacan entre los casos argentinos del reporte trimestral de la Relatoría, al igual que el levantamiento del programa Desayuno , de Víctor Hugo Morales, en el canal oficial, Canal 7, junto a las denuncias por la metodología adoptada para el reparto de la publicidad oficial.
"La Argentina es una prioridad muy importante para esta Relatoría y vemos lo ocurrido en los últimos tres meses con preocupación", dijo a LA NACION el relator especial, el venezolano Ignacio Alvarez. "Observamos una consistente reiteración de problemas con respecto a la libertad de expresión en el país", dijo.
"Percibimos cierta intolerancia a la crítica y una situación en que los medios que son críticos al Gobierno les va mucho peor que a aquellos que son favorables o son neutros, en términos de publicidad oficial o de acceso a las fuentes, así como hemos recibido informes de suspensiones de programas que iban al aire", detalló.
El reporte trimestral, que abarca lo ocurrido en toda América latina desde julio último, registra incidentes ocurridos en once provincias argentinas -Santa Cruz, Entre Ríos, Salta, Santiago del Estero, Buenos Aires, Chubut, Tucumán, Chaco, Tierra del Fuego, Misiones, Río Negro- y en la ciudad de Buenos Aires. Las amenazas recibidas por Morales Solá y Fontevecchia se sumaron a las recibidas por otros periodistas que cubren la desaparición del testigo Julio López o actos públicos presuntamente irregulares en el interior del país.
La Relatoría Especial preparará para fines de año un informe anual que trazará un balance que buceará en las tendencias locales, abarcando todos los hechos denunciados referidos a posibles restricciones a la libertad de expresión, como el de Alejandro Rúa, el ex titular de la Unidad de Investigación AMIA. Rúa fue separado de su cargo por haber expresado en LA NACION ciertas diferencias con el ministro de Justicia, Alberto Iribarne. Tras la denuncia, la CIDH le envió una carta al Gobierno. "Pero no hemos recibido una respuesta, ni positiva ni negativa", precisó Alvarez, que evitó avanzar.
Por otra parte, el informe cita hechos protagonizados por Kirchner y su esposa, Cristina Fernández. "El 7 de julio, el presidente de la Argentina hizo señalamientos sobre algunos medios, después de que la primera dama y senadora generara controversia con comentarios sobre la prensa esa misma semana." El reporte general de la CIDH sobre América latina destacó, por su parte, "un aumento en la violencia física contra periodistas, que en su forma más brutal se manifestó en al menos siete homicidios y una desaparición aparentemente relacionados con el ejercicio del periodismo", lo que se combinó con la "lentitud en las investigaciones". La Argentina no registró hechos de tal gravedad, pero sí otros comunes con otros países, comentó Alvarez.
"Observamos una serie de restricciones indirectas, provenientes de una creciente tendencia de intolerancia hacia la crítica", comentó, que abarcan "la utilización recurrente de métodos más sutiles de cohesionar a la prensa, que en el fondo constituyen un uso ilegítimo y desviado del poder público". "Como ejemplos -enumeró-, podemos mencionar la aplicación de políticas discriminatorias en la asignación de publicidad oficial, la discriminación en el acceso a las fuentes oficiales, la confrontación verbal y descalificatoria con respecto a la labor misma de la prensa, los despidos de medios estatales e incluso de medios privados como resultado de presión gubernamental e inspecciones administrativas", señaló.
Por Hugo Alconada Mon
Corresponsal en los EE.UU.
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/848996
posted by Juan Manuel Belgrano at
4:23 p. m.
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