Derechos humanos: lenta marcha de las causas sobre la represión
Reclaman más celeridad a los jueces. Varios organismos acusan a la Cámara de Casación de frenar las investigaciones.
Con las dos primeras condenas luego de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, 2006 fue un año histórico en el avance de las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura. Sin embargo, ni los organismos de derechos humanos ni el Gobierno están conformes con estas dos sentencias: reclaman que las otras 950 causas pendientes se resuelvan de una vez.
Pasó casi un año y medio de la caída de las leyes exculpatorias y casi todos los expedientes siguen en la etapa de instrucción, todavía lejos del juicio oral, según datos de la Procuración General de la Nación.
Por eso, de los 211 presos que relevó el último informe de la Secretaría de Derechos Humanos, casi todos cumplen prisión preventiva. Algunos, incluso, estuvieron tanto tiempo presos que debieron ser liberados porque se les vencieron esas prisiones preventivas. Esto fue lo que pasó en la causa por el robo sistemático de bebes: la Cámara Federal debió disponer el año pasado la liberación de ocho militares que llevaban seis años detenidos.
El presidente Néstor Kirchner hizo pública más de una vez su preocupación por la lentitud de la Justicia. Ayer lo reiteró: "No quiero entrometerme en otro poder, pero se debe acelerar a fondo el avance de los juicios a los responsables del genocidio que nos tocó vivir a los argentinos".
La semana pasada, referentes de organismos de derechos humanos se reunieron con él en la Casa Rosada y le pidieron ayuda para apurar a los jueces. Kirchner les dijo que compartía su preocupación. Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, participó del encuentro.
"Se están muriendo madres y abuelas, y las causas no avanzan. Tenemos derecho a saber qué pasó. Es una lucha de 30 años; no tenemos más paciencia", dijo ayer Almeida a LA NACION.
Y anunció: "Ahora tenemos que hacer un relevamiento de los jueces que frenan las causas y pedir que sean removidos. En Casación, por ejemplo, las causas no se mueven".
Carolina Varsky, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), considera que los procesos avanzaron, las prisiones preventivas aumentaron y los prófugos son cada vez menos, pero coincide en que Casación es un problema: "No cumple con los plazos y demora las causas".
La Cámara de Casación es también destinataria de las críticas del Presidente, que ayer dijo que este tribunal "no puede tener parados meses y años" juicios que, según él, el país necesita para lograr "reconciliación, memoria, justicia y verdad".
La Cámara se defiende. "El primer atraso lo crearon los querellantes, denunciando y recusando a casi todos los jueces de la cámara -dijo el juez Alfredo Bisordi-. Hace unos tres meses, los conjueces rechazaron esas recusaciones. Sólo entonces empezaron a tramitarse las causas."
Después, según Bisordi, las causas de derechos humanos entraron en el caudal de los miles de expedientes por resolver. "No es una situación creada ex profeso. Se quintuplicó el trabajo. Así, es imposible resolver las causas con rapidez", dijo el magistrado.
Las megacausas
Las principales investigaciones se concentran en Córdoba, Tucumán, Rosario, La Plata y la ciudad de Buenos Aires. Aquí se tramitan las dos "megacausas": la investigación de los crímenes de la ESMA y la causa por los delitos cometidos bajo la órbita del I Cuerpo de Ejército.
Los dos casos fueron reabiertos por la Cámara Federal en 2003, luego de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Ambos están en pleno trámite, pero ninguno estará cerrado hasta dentro de al menos tres años, coinciden fuentes judiciales.
Estos expedientes avanzan de a tramos. En el último año, los jueces dispusieron la elevación de varias partes de las causas; ahora esperan que se les fije fecha para el juicio oral.
En septiembre de este año, el juez Daniel Rafecas, a cargo de la causa del I Cuerpo, elevó a juicio el expediente contra el general retirado Jorge Olivera Rovere. A fines de 2005, había cerrado las instrucciones y mandado a juicio oral a otros cinco ex represores por casos de homicidios y tormentos. Ellos son Alberto Barda, Héctor Gamen, Pedro Durán Sáenz, Hipólito Mariani y César Comes.
En marzo, el juez Sergio Torres, a cargo de la causa ESMA, mandó a juicio al ex prefecto Héctor Febres, acusado de haber integrado el grupo de tareas de ese centro de detención.
Para después de la feria de verano, se espera que el juez Guillermo Montenegro eleve a juicio las causas por el robo sistemático de bebes y por el Plan Cóndor.
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Saque sus propias conclusiones: Los jueces no son tontos. esto es una arbitrariedad, y ellos lo saben. Kirchner y las "organizaciones de derechos de los terroristas" se entrometen con la justicia y se permiten darles ordenes VERBALES. Pero no por escrito. Si el Poder Ejecutivo quiere mandar los militares a las cárceles comunes, que lo ordenen por escrito. pero no lo hacen. Porque dentro de poco tiempo, se les va a preguntar a los jueces como tuvieron detenido en proceso a militares por SEIS años, cuando el Pacto de San José de Costa Rica incluído en la Constitución dice que nadie puede estar procesado sin condena por mas de dos años.
Ante la indiferencia de todos, abiertamente los diarios dicen que hay militares procesados por mas de seis años. ¿Y la Constitución que los políticos juraron defender? Bueno, quien le cree un juramento a un político...
¿Y por qué hay militares que llevan más de 12 años de procesados? Porque no hay pruebas suficientes. Son todas inventadas. Y los jueces saben que algún día, alguien les va a pedir cuentas por eso. Por eso no hay juicio oral. No hay pruebas, y no puede haber porque están todas inventadas.
